¿DEMOCRACIA O AUTOCRACIA?
El deterioro político por el que atraviesa España nos obliga a replantearnos en profundidad los graves problemas que planean en democracia. La soberanía popular, regulación de la participación ciudadana, y los derechos sociales, entre otros, condicionan a los ciudadanos a los designios espurios de una “clase política” insertada en el sistema democrático el cual, en gran parte, se caracteriza por su falta de honradez, formación, responsabilidad, corrupción, mala gestión, nepotismo, crispación y falta de liderazgo. Lamentablemente, la gran mayoría de esta nueva “casta” solo les interesa el adoctrinamiento y obediencia debida, provocando con estos comportamientos una profunda deslegitimación de las instituciones democráticas y un severo deterioro de nuestro sistema político.
En otros tiempos, era de manual que todo gobierno democrático perdía el poder gracias al simple hecho de elecciones ciudadanas y que éstas tenían la virtud de permitir que fueran recordados con dignidad o, en su defecto, repudiados y castigados, tarde o temprano, por su conducta ante la sociedad en su conjunto.
Hoy no basta este importante manifiesto. La realidad supera con creces la buena fe y voluntad de ciudadanos de bien. En la actualidad se necesitan leyes más severas que penalicen conductas antidemocráticas y nuevos órganos de control que regulen la actividad profesional de políticos, jueces, y legisladores en general.
Ejercen el poder del Estado entendiéndolo como patrimonio propio, subordinando la institución presidencial y al partido a los designios de su propia perpetuación. La impunidad es su escudo protector, avalada en muchos casos por otros poderes e instituciones del estado, grupos económicos o mediáticos.
Es indignante comprobar y permitir que en democracia ingresen personajes por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas de los partidos. No tienen en cuenta que son servidores públicos y, por su escasa formación personal e intelectual en su mayoría, solo buscan distinguirse de los demás sin reparar en la decencia y el buen hacer que debe regir en democracia como norma de vida.
Uno de los espacios neurálgicos que facilita el ingreso de este tipo de individuos es consecuencia de la propia organización interna de los partidos en general, rígida y sin controles en su funcionamiento interno. Estos en su constante lucha por acceder al poder, se basan, en muchas ocasiones, en adhesiones personales más que en afinidades ideológicas y cambian cada cierto tiempo en función de sus intereses particulares. Dan la sensación de ser empresas de reparto de cargos donde lo que prevalece para hacer carrera es la fidelidad al líder. La conexión con sus votantes es mínima. Los rebeldes son expulsados de las listas electorales. Los puestos intermedios en la administración son utilizados para alimentar una amplia red clientelar.
Asimismo, la corrupción generalizada destruye y socava las estructuras democráticas, llámese poder ejecutivo, legislativo o judicial. Una minoría de corruptos y sinvergüenzas sojuzga a la gran mayoría de los ciudadanos honrados apropiándose de ingentes cantidades de dinero público o privado (comisiones en contratos públicos, cuotas de afiliados, donaciones e ingresos de forma irregular sin control y transparencia, etc., etc.,) que han ido y siguen yendo a parar a los bolsillos de delincuentes políticos amparados en la impunidad de sus cargos.
Ciertos partidos políticos proclaman en los medios de comunicación (en bastantes ocasiones manipulados por grupos poderosos que se interrelacionan con la política) ideas innovadoras y su convencimiento de que son ellos los que, a corto plazo, lograran el bienestar de los ciudadanos. En la mayoría de los casos la realidad demuestra lo contrario y nos recuerda la trayectoria de personajes que, en su momento, han manipulado elecciones democráticas con discursos y promesas posteriormente incumplidas, compra de voluntades, corrupción generalizada, etc., etc. Todas estas componendas se llevan a cabo con total impunidad, pero, antes y después, un gran porcentaje de estos solo pretende llegar a la política y ocupar puestos de poder a costa de la ciudadanía, sin importarles sus necesidades, y por supuesto sin tener la intención de resolver sus acuciantes problemas, tanto sea, pobreza, desigualdad, educación, salud, trabajo, entre otras causas.
Como consecuencia la sempiterna corrupción creciente en los partidos políticos, tan nefasta para la democracia obliga, indefectiblemente, a plantearse que está fallando en las estructuras del sistema. Este tipo de delincuencia, de guante blanco, genera malestar e indignación en la sociedad socavando la credibilidad y el apoyo de la ciudadanía. Más grave aún, algunos de estos mal llamados políticos, en unión de ciertos sectores de poder, sojuzgan mediante la represión a la población de sus respectivos países que padece las consecuencias cruentas de dictaduras, bajo el paraguas de una pseudo democracia, que tanto daño y muerte están causando en la actualidad.
Es imprescindible una ley de partidos políticos mucho más estricta, en su organización administrativa, contable y admisión de afiliados más cualificados para regir los órganos rectores y representar al partido en organismos públicos nacionales e internacionales con dignidad, honradez y ética (para ejemplo negativo baste ver una sesión del Congreso de los diputados y senadores en España (21/05(2019), para comprobar la poca altura política, zafiedad, mala educación y modales de ciertos “políticos” populistas y algún otro descarriado que pulula por los pasillos del Congreso). Por supuesto no está exenta cualquier nación de estas manifestaciones reñidas con la ponderación y el buen uso democrático de las instituciones.
Es muy complicado y difícil, en la actualidad, concienciar a la ciudadanía para que comprenda el dejar de lado definitivamente idearios políticos ya perimidos y que opte por elegir a sus representantes sin cargas ideológicas rancias y obsoletas. Es necesario que la sociedad en su conjunto adopte, a través de la educación, cultura y profesionalidad, una postura de firmeza a la hora de designar a sus dirigentes para ejercer la responsabilidad de dirigir los destinos de su país con dos premisas fundamentales, a saber: generar el bienestar de la población con una mayor redistribución de la riqueza erradicando pobreza y miseria.
Es triste y lamentable observar como muchos políticos de bien que ejercen infinidad de cargos públicos se encuentren enfrentados ante grupos de personajes miserables que tratan de impedir que puedan ejercer la noble profesión de la política al servicio del bienestar general a la que aspiramos la gran mayoría de los ciudadanos del mundo.
Líderes mundiales de países democráticos deberán tomar recaudos y arbitrar normas y medidas correctoras en profundidad sobre los controles que deben ejercerse en democracia para que estas “clases o castas políticas” desaparezcan rápidamente del concierto de países que sufren sus consecuencias.
La sociedad ya no acepta esas reglas del juego, quiere otras que permitan una mayor participación y un mayor control ciudadano sobre sus dirigentes. Es inquietante observar las incontables manifestaciones ciudadanas que, día a día, se llevan a cabo. Estas, a su vez, desembocan en graves conflictos internos extrapolables a otros países.
La democracia moderna denota una separación profunda cada vez más acentuada entre representantes y representados y nos lleva a preguntarnos si, en un futuro, puede recuperarse para continuar preservando nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos libres en el mejor de los sistemas de gobierno en el mundo
Manuel Neira Sánchez.