De principio a fin

Por Daniel Coronell

La IFC, actuando como organismo consultor del gobierno, estructuró las condiciones para determinar quién podía participar -y quién no- en una de las licitaciones más grandes de la historia de Colombia.

El nombre de una funcionaria de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial se repite en tres momentos claves del asunto Odebrecht. Primero, ella participó en la estructuración y diseño de la licitación de la Ruta del Sol. Segundo, fue señalada por incurrir en eventual conflicto de intereses en esa licitación, sin que nada hubiera pasado. Y tercero, ella logró una inversión multimillonaria de la IFC que convirtió al organismo internacional en accionista de una empresa a través de la cual entraron a Colombia sobornos pagados por Odebrecht.

La funcionaria internacional se llama María Victoria Guarín y su cargo es el de Senior Investment Officer de la IFC. 

En el año 2009, cuando el gobierno de la época presentó los pliegos de condiciones de la cuestionada licitación de la Ruta del Sol, por primera vez saltó a la palestra la señora Guarín. El acta de la audiencia deja constancia de que ese miércoles primero de abril, ella y otro funcionario de la IFC, llamado Ari Skromme, llevaron a cabo “la presentación magistral de las características generales y técnicas del proyecto, así como la estructura del proceso licitatorio en términos de requisitos y condicionamientos de participación”. 

En otras palabras la IFC, actuando como organismo consultor del gobierno, estructuró las condiciones para determinar quien podía participar -y quien no- en una de las licitaciones más grandes de la historia de Colombia.

Cinco meses después a una audiencia de aclaraciones, presidida por el ministro Andrés Uriel Gallego, llegó una comunicación anónima en la que señalaban a María Victoria Guarín de estar incursa en un conflicto de intereses.

El mensaje, firmado por la desconocida “Sociedad de Veedores Colombianos”, fue leído en voz alta por el viceministro Gabriel Ignacio García, hoy preso y confeso receptor de los sobornos de Odebrecht:

“No es si no que en Colombia se vean venir proyectos importantes de Infraestructura para que ahí mismo se muevan las fichas que benefician a ciertas empresas que estratégicamente colocan en puestos claves a personas para que manipulen los procesos licitatorios desde los mismos Pre-pliegos de Condiciones, públicamente no se ha dicho que:

a) La Doctora Victoria Guarín integrante del grupo estructurador del proyecto Ruta del Sol es la esposa del señor Diego Solano

b) Que el señor Diego Solano es Vicepresidente Financiero del Grupo Aval.

c) Que el Grupo Aval a través de Corficolombiana junto con Odebrecht está preparando propuesta para Ruta del Sol”. (VerActa1Septiembre2009)

El ministro Andrés Uriel Gallego tomó inmediatamente la palabra pero no para pedir que se investigara la afirmación sino para indicar que sería muy indeseable que llegara a los medios: “la doctora María Victoria Guarín está emparentada, casada es, con un funcionario del Grupo Aval.... Eso depende de cuantos años de casada, bueno eso se debe tratar. No tiene que ser de anónimos ni llevado a los medios de comunicación, aquí la tratamos”. 

La trataron para que no pasara nada. La misma comunicación había llegado al escritorio de la procuradora delegada María Eugenia Carreño y del procurador general Alejandro Ordóñez, que tampoco hizo nada. La denuncia terminó en las célebres gavetas de la Procuraduría. (Ver Carta al Procurador)

El grupo Odebrecht pagó sobornos por 6.5 millones de dólares por esa adjudicación. Aún está por establecer quienes fueron los beneficiarios últimos de esos sobornos, pero no hay duda de que dos de esos millones ingresaron a Colombia como inversión de una sociedad panameña en la compañía Pacific Infraestructure.

Los beneficiarios de los sobornos no fueron los únicos inversionistas en Pacific Infraestructure.

Curiosamente la IFC -en un proceso guiado por la misma María Victoria Guarín- invirtió 150 millones de dólares en esa compañía. Hoy la IFC es dueña de más del 27 por ciento de la empresa usada para entrar al país parte de los sobornos de Odebrecht.